Paran ejecución en Estados Unidos

La Haya. La Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) decidió ayer que Estados Unidos debe suspender la ejecución de cinco mexicanos condenados a muerte en ese país hasta que sean revisadas sus causas.

 

Con esta decisión, la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas respondió a una solicitud en ese sentido presentada por México.

 

Ya hace algunos años, la Corte había decidido que los juicios contra los mexicanos violaban el derecho internacional.

Entre otras cosas, a los mexicanos no se les permitió contar con asistencia de los consulados de su país en Estados Unidos durante los juicios, lo que la Corte Internacional de Justicia ya había condenado en marzo de 2004.

Los mexicanos incluidos en la decisión de ayer de la CIJ son José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos. México volvió a acudir a la Corte Internacional porque en muchos casos no hubo revisión de las condenas.

 

Por ahora no se sabe si las autoridades estadounidenses acatarán la decisión.

México había solicitado en junio a la Corte Internacional de Justicia "medidas provisionales" para suspender las ejecuciones y explicar "el sentido y alcance" del fallo Avena de 2004. 

 

Ese fallo, desconocido en marzo por la Suprema Corte de Justicia estadounidense, ordenaba a Estados Unidos revisar y reconsiderar las condenas de 51 mexicanos, porque se habían violado sus derechos de notificación consular.

 

Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense consideró que no era una norma federal obligatoria para sus tribunales, al dar luz verde a la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín, después de un recurso de revisión presentado por la defensa.

Medellín, uno de los cinco mexicanos incluidos en el fallo Avena, tiene fecha de ejecución el 5 de agosto, por la violación y estrangulación de dos adolescentes de 14 y 16 años, con otros miembros de la pandilla “Black and White”, cerca de un parque de Houston la noche del 24 de junio de 1993.

Según el gobierno de México, en el momento de la detención y durante todo el proceso penal no se notificó de forma alguna a las autoridades mexicanas y se violó de esa forma su derecho a asistencia consular.

Además de México, otros países como Paraguay y Alemania protestaron firmemente contra el hecho de que la policía de Estados Unidos no permitiera a sus ciudadanos contactar con sus respectivos consulados tras sus  detenciones.