Al menos 32 legisladores denunciaron que República Dominicana sigue siendo víctima de una campaña internacional de descrédito relacionada con la presencia haitiana en su territorio, al tiempo que rechazaron que el sacerdote Christopher Hartley haya influenciado a la Asamblea Revisora para que se consignara constitucionalmente la abolición de la esclavitud en el país.
El grupo de senadores y diputados dominicanos, pertenecientes a diferentes partidos políticos, remitieron una carta al director del periódico El Mundo, de Madrid, España, Pedro J. Ramírez Jiminián, para quejarse de un reportaje publicado en un suplemento digital del diario escrito por el periodista Paco Rego, titulado “La Batalla Final Contra la Esclavitud”.
En el mismo se hace alusión a la decisión de los asambleístas dominicanos de ratificar en la Carta Magna un párrafo que consigna la abolición de la esclavitud en la República Dominicana, y que data desde la primera Constitución en 1844, pero que el diario cita como “medida histórica provocada por la actuación del cura español Christopher Hartley, de quien dice que abandonó el país bajo amenaza de muerte.
Hartley, es un sacerdote católico de origen español que se estableció en el pueblo de Los Llanos, en el este de República Dominicana, entre 1976 y el 2006, cuando fue obligado abandonar el país bajo acusaciones de autoridades, grupos privados y pobladores de su propia comunidad que le acusaron de exagerar las condiciones de vida de los haitianos y de orquestar campañas de descredito en el extranjero contra la nación caribeña.
Tras sostener que un grupo, no grande, de dominicanos, haitianos y de otras nacionalidades participan de esa campaña de descrédito contra el país, los legisladores citan entre ellos al padre Hartley e indican que al citarlo en ese artículo como “librador de la batalla final contra la esclavitud”, los dominicanos tendrían entonces que colocarlo en el Altar de la Patria.
“Basta un corto viaje por el libro de historia más elemental para comprender que la Reforma Constitucional en la cual estamos sumergido en estos momentos, no es fruto de ningún acto ni declaraciones desafortunadas de un sacerdote con ínfulas de grandeza que ahora cree poder influir en las decisiones del Congreso Nacional”, dicen los congresistas.
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